EFE
- La Asociación de Internautas ha hecho un llamamiento a las comunidades virtuales para que suscriban esta demanda.
- En su opinión, el Reglamento establece infracciones difusas, sanciones sin la habilitación legal precisa y una notable inseguridad jurídica.
- Dicen que la ley Sinde contradice sentencias del Supremo y el Constitucional.
La Asociación de Internautas ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Reglamento de la Ley de Economía Sostenible, conocida como ley Sinde, en una iniciativa en la que solicita su suspensión cautelar.Además, la Asociación de Internautas ha hecho un llamamiento a las comunidades virtuales para que suscriban esta demanda y solicita "solidaridad económica" para sufragar los gastos que este proceso legal conlleva.
Según un comunicado remitido por esta asociación, con esta iniciativa tratan de recoger "las protestas" de la Red y de la calle, que les han llevado a impugnar el Reglamento que desarrolla las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual por considerar que atribuye a un órgano administrativo "competencias asignadas a los jueces por Ley".
En su opinión, este Reglamento establece, además, "infracciones difusas" y, sanciones "sin la habilitación legal precisa", lo que crea -añaden- una "notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos", en concreto, puntualizan, la libertad de expresión y la libertad de información (artículo 20 CE).
La Asociación de Internautas afirma que aunque la ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual o la de la Jurisdicción Contenciosa, al desarrollarlas, el Reglamento "contradice" sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional "que interpretan los límites que ha de tener en su alcance una norma de este tipo".
Así, por las "graves consecuencias" que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una "Comisión de Censura en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos", la asociación considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre "hasta que exista una opinión judicial que la avale".
Este colectivo ofrece su iniciativa ante el Tribunal Supremo a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y personas físicas "que compartan y quieran respaldar esta petición", y les invita a suscribir un apoyo expreso "para impedir que esta ley liberticida prospere".
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